Las verdades «evidentes en sí mismas» invocan a una larga tradición de ley natural que sostiene que existe una «ley superior» del bien y el mal;

Todos somos creados por igual, según la definición de nuestros derechos naturales, por lo que nadie tiene derechos superiores a los de los demás. Más aún, nacemos con estos derechos, no los obtenemos del gobierno—en realidad, los derechos o poderes del gobierno provienen de nosotros, «del Consentimiento de los Gobernados». Y nuestros derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad implican el derecho de vivir nuestras vidas como nosotros deseemos—buscar la felicidad de la manera en que consideremos mejor, y por nuestros propios medios—con la única condición de que respetemos los derechos iguales de otros para hacer lo mismo. Partiendo de la tradición del derecho consuetudinario de libertad, propiedad y contratos—cuyos principios están enraizados en la «razón legítima»—los Fundadores delinearon los fundamentos morales para una sociedad libre.

Instituimos el gobierno, dice la Declaración, para asegurar nuestros derechos—nuestros derechos naturales y los que creamos conforme vivimos nuestras vidas—pero los poderes que el gobierno necesite para lograr esto deben derivarse de nuestro consentimiento, si es que han de ser justos. El gobierno está, por lo tanto, doblemente limitado: por su fin, el cual podría perseguir por propio derecho, cualquiera de nosotros aún sin la existencia del gobierno; y por sus medios, los cuales requieren nuestro consentimiento.

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